Sala de Prensa

Pese a que en Colombia los usuarios del microcrédito se han multiplicado por 8 en la última década y media, los emprendedores colombianos que no pueden acceder a un préstamo formal para desarrollar o crecer sus negocios se cuentan por millones.

Hasta finales del 2017, según el Dane, unos 6,2 millones de microempresarios y negocios por cuenta propia estaban por fuera del circuito financiero, esto es, cerca del 65 por ciento de un mercado potencial de 9,7 millones de esos emprendimientos.

La alta informalidad, el elevado costo de llevar servicios financieros a las zonas rurales, la falta de conectividad en esas regiones, la elevada carga tributaria, los numerosos trámites, así como el poco alcance de los programas del Gobierno se cuentan entre las principales causas para que el microcrédito no tenga mayor cobertura.

Mientras más de 8 millones de personas tenían un crédito de consumo activo al cierre del año pasado -distinto a tarjeta de crédito- el microcrédito solo cobijó a uno 3,3 millones de colombianos, según el reporte de Inclusión Financiera de la Banca de las Oportunidades.

El volumen de recursos colocados también refleja el rezago existente en este frente. La profundización del microcrédito, esto es, el volumen de la cartera como proporción del PIB, solo alcanza el 1,3 por ciento, mientras que en los préstamos comerciales es del 26,3 por ciento; en consumo del 13,6 por ciento y en vivienda del 6,8 por ciento, señala la Superintendencia Financiera.

Se estima que las entidades que atienden a este sector tienen colocados unos 14 billones de pesos, pero esa financiación está concentrada en muy pocas regiones. Por ejemplo, Bogotá y Cundinamarca tienen 12,87 por ciento, seguidos de Antioquia (10,37 por ciento) y Nariño (8,41 por ciento).

“Los departamentos con mayor índice de pobreza son los que muestran menor profundización del microcrédito: Guainía y Amazonas tienen cada uno 0,04 por ciento y Vaupés participa con 0,02 por ciento”, advierten en Asomicrofinanzas, gremio que reúne a buena parte de entidades que otorgan microcrédito.

Su presidenta, María Clara Hoyos, es una convencida de que si no se llega con financiación a todas las regiones del país, incluso a las más apartadas, difícilmente se logrará una paz duradera.

“El Estado, a través de entidades como Finagro, no está apoyando a las microempresas. Son las ONG, las cooperativas y las fundaciones las que lo están haciendo. Si se quiere la paz hay que apoyar el desarrollo de esas zonas rurales y agropecuarias… mientras esto no se haga, los empresarios tendrán como única alternativa al ‘gota a gota’ ”, dice.

En el país hay consenso frente a la importancia que tiene no solo el desarrollo del microcrédito, sino también en la urgencia de apoyar los emprendimientos, pero se requiere superar obstáculos.

Martín Cuenca Monje, vicepresidente comercial del Banco W, una de las entidades que más conoce este segmento, dice que en su labor de llevar microcrédito a las zonas rurales se enfrentan a diario a las difíciles condiciones de la geografía nacional, las largas distancias, pocas vías de acceso y, en algunos casos, problemas de comunicación.

“Nuestra fuerza comercial se debe desplazar entre 2 y 3 horas a los corregimientos y veredas para llevar los productos a quienes los necesitan. Gracias a esto hoy tenemos presencia en 28 departamentos del país, 599 municipios, 304 rurales”, comenta.

Dairo Estrada, investigador principal del Banco de la República y experto en el tema, dice que “hay que hacer política pública, mayores esfuerzos para que esta gente tenga una formalización más efectiva, sin tanto trámite y carga tributaria; por ejemplo, que paguen impuestos una sola vez al año, como se hace en Uruguay”.

También es necesario, dice, mejorar la estrategia de educación e inclusión financiera, en todo sentido; que la oferta de productos de crédito se ajuste a las necesidades de este nicho, reducir los costos para las entidades financieras y que estas puedan empaquetar esos microcréditos a la hora de acudir a las líneas de redescuento de Bancoldex y no hacerlo individual que sale más costoso.

Hoyos, de Asomicrofinanzas, agrega, por su parte, que se requiere apoyo del Ministerio de las TIC para que haya buena conectividad en esas regiones y que las entidades lleguen con productos sencillos, seguros, fáciles de entender y de manejar por parte de estas poblaciones.

Aunque Estrada coincide en esto, es partidario de que las entidades tengan oficinas físicas especiales, no robustas, que ofrezcan a esos microempresarios conectividad para que puedan utilizar y familiarizarse con los canales electrónicos, similar a como opera hoy en algunos países de Europa.

Según el Dane, a finales del 2017 unos 6,2 millones de emprendedores estaban por fuera del circuito financiero.

Se estima que las entidades que atienden a este sector tienen colocados unos 14 billones de pesos, pero esa financiación está concentrada en muy pocas regiones.

Pese a que en Colombia los usuarios del microcrédito se han multiplicado por 8 en la última década y media, los emprendedores colombianos que no pueden acceder a un préstamo formal para desarrollar o crecer sus negocios se cuentan por millones.

Hasta finales del 2017, según el Dane, unos 6,2 millones de microempresarios y negocios por cuenta propia estaban por fuera del circuito financiero, esto es, cerca del 65 por ciento de un mercado potencial de 9,7 millones de esos emprendimientos.

La alta informalidad, el elevado costo de llevar servicios financieros a las zonas rurales, la falta de conectividad en esas regiones, la elevada carga tributaria, los numerosos trámites, así como el poco alcance de los programas del Gobierno se cuentan entre las principales causas para que el microcrédito no tenga mayor cobertura.

Mientras más de 8 millones de personas tenían un crédito de consumo activo al cierre del año pasado -distinto a tarjeta de crédito- el microcrédito solo cobijó a uno 3,3 millones de colombianos, según el reporte de Inclusión Financiera de la Banca de las Oportunidades. El volumen de recursos colocados también refleja el rezago existente en este frente. La profundización del microcrédito, esto es, el volumen de la cartera como proporción del PIB, solo alcanza el 1,3 por ciento, mientras que en los préstamos comerciales es del 26,3 por ciento; en consumo del 13,6 por ciento y en vivienda del 6,8 por ciento, señala la Superintendencia Financiera. Se estima que las entidades que atienden a este sector tienen colocados unos 14 billones de pesos, pero esa financiación está concentrada en muy pocas regiones. Por ejemplo, Bogotá y Cundinamarca tienen 12,87 por ciento, seguidos de Antioquia (10,37 por ciento) y Nariño (8,41 por ciento).

“Los departamentos con mayor índice de pobreza son los que muestran menor profundización del microcrédito: Guainía y Amazonas tienen cada uno 0,04 por ciento y Vaupés participa con 0,02 por ciento”, advierten en Asomicrofinanzas, gremio que reúne a buena parte de entidades que otorgan microcrédito.

Su presidenta, María Clara Hoyos, es una convencida de que si no se llega con financiación a todas las regiones del país, incluso a las más apartadas, difícilmente se logrará una paz duradera.

“El Estado, a través de entidades como Finagro, no está apoyando a las microempresas. Son las ONG, las cooperativas y las fundaciones las que lo están haciendo. Si se quiere la paz hay que apoyar el desarrollo de esas zonas rurales y agropecuarias… mientras esto no se haga, los empresarios tendrán como única alternativa al ‘gota a gota’ ”, dice.

En el país hay consenso frente a la importancia que tiene no solo el desarrollo del microcrédito, sino también en la urgencia de apoyar los emprendimientos, pero se requiere superar obstáculos.

Martín Cuenca Monje, vicepresidente comercial del Banco W, una de las entidades que más conoce este segmento, dice que en su labor de llevar microcrédito a las zonas rurales se enfrentan a diario a las difíciles condiciones de la geografía nacional, las largas distancias, pocas vías de acceso y, en algunos casos, problemas de comunicación.

“Nuestra fuerza comercial se debe desplazar entre 2 y 3 horas a los corregimientos y veredas para llevar los productos a quienes los necesitan. Gracias a esto hoy tenemos presencia en 28 departamentos del país, 599 municipios, 304 rurales”, comenta.

Dairo Estrada, investigador principal del Banco de la República y experto en el tema, dice que “hay que hacer política pública, mayores esfuerzos para que esta gente tenga una formalización más efectiva, sin tanto trámite y carga tributaria; por ejemplo, que paguen impuestos una sola vez al año, como se hace en Uruguay”.

También es necesario, dice, mejorar la estrategia de educación e inclusión financiera, en todo sentido; que la oferta de productos de crédito se ajuste a las necesidades de este nicho, reducir los costos para las entidades financieras y que estas puedan empaquetar esos microcréditos a la hora de acudir a las líneas de redescuento de Bancoldex y no hacerlo individual que sale más costoso.

Hoyos, de Asomicrofinanzas, agrega, por su parte, que se requiere apoyo del Ministerio de las TIC para que haya buena conectividad en esas regiones y que las entidades lleguen con productos sencillos, seguros, fáciles de entender y de manejar por parte de estas poblaciones.

Aunque Estrada coincide en esto, es partidario de que las entidades tengan oficinas físicas especiales, no robustas, que ofrezcan a esos microempresarios conectividad para que puedan utilizar y familiarizarse con los canales electrónicos, similar a como opera hoy en algunos países de Europa.

Según el Dane, a finales del 2017 unos 6,2 millones de emprendedores estaban por fuera del circuito financiero.

Se estima que las entidades que atienden a este sector tienen colocados unos 14 billones de pesos, pero esa financiación está concentrada en muy pocas regiones.

Pese a que en Colombia los usuarios del microcrédito se han multiplicado por 8 en la última década y media, los emprendedores colombianos que no pueden acceder a un préstamo formal para desarrollar o crecer sus negocios se cuentan por millones.

Hasta finales del 2017, según el Dane, unos 6,2 millones de microempresarios y negocios por cuenta propia estaban por fuera del circuito financiero, esto es, cerca del 65 por ciento de un mercado potencial de 9,7 millones de esos emprendimientos.

La alta informalidad, el elevado costo de llevar servicios financieros a las zonas rurales, la falta de conectividad en esas regiones, la elevada carga tributaria, los numerosos trámites, así como el poco alcance de los programas del Gobierno se cuentan entre las principales causas para que el microcrédito no tenga mayor cobertura.

Mientras más de 8 millones de personas tenían un crédito de consumo activo al cierre del año pasado -distinto a tarjeta de crédito- el microcrédito solo cobijó a uno 3,3 millones de colombianos, según el reporte de Inclusión Financiera de la Banca de las Oportunidades. El volumen de recursos colocados también refleja el rezago existente en este frente. La profundización del microcrédito, esto es, el volumen de la cartera como proporción del PIB, solo alcanza el 1,3 por ciento, mientras que en los préstamos comerciales es del 26,3 por ciento; en consumo del 13,6 por ciento y en vivienda del 6,8 por ciento, señala la Superintendencia Financiera. Se estima que las entidades que atienden a este sector tienen colocados unos 14 billones de pesos, pero esa financiación está concentrada en muy pocas regiones. Por ejemplo, Bogotá y Cundinamarca tienen 12,87 por ciento, seguidos de Antioquia (10,37 por ciento) y Nariño (8,41 por ciento).

“Los departamentos con mayor índice de pobreza son los que muestran menor profundización del microcrédito: Guainía y Amazonas tienen cada uno 0,04 por ciento y Vaupés participa con 0,02 por ciento”, advierten en Asomicrofinanzas, gremio que reúne a buena parte de entidades que otorgan microcrédito.

Su presidenta, María Clara Hoyos, es una convencida de que si no se llega con financiación a todas las regiones del país, incluso a las más apartadas, difícilmente se logrará una paz duradera.

“El Estado, a través de entidades como Finagro, no está apoyando a las microempresas. Son las ONG, las cooperativas y las fundaciones las que lo están haciendo. Si se quiere la paz hay que apoyar el desarrollo de esas zonas rurales y agropecuarias… mientras esto no se haga, los empresarios tendrán como única alternativa al ‘gota a gota’ ”, dice.

En el país hay consenso frente a la importancia que tiene no solo el desarrollo del microcrédito, sino también en la urgencia de apoyar los emprendimientos, pero se requiere superar obstáculos.

Martín Cuenca Monje, vicepresidente comercial del Banco W, una de las entidades que más conoce este segmento, dice que en su labor de llevar microcrédito a las zonas rurales se enfrentan a diario a las difíciles condiciones de la geografía nacional, las largas distancias, pocas vías de acceso y, en algunos casos, problemas de comunicación.

“Nuestra fuerza comercial se debe desplazar entre 2 y 3 horas a los corregimientos y veredas para llevar los productos a quienes los necesitan. Gracias a esto hoy tenemos presencia en 28 departamentos del país, 599 municipios, 304 rurales”, comenta.

Dairo Estrada, investigador principal del Banco de la República y experto en el tema, dice que “hay que hacer política pública, mayores esfuerzos para que esta gente tenga una formalización más efectiva, sin tanto trámite y carga tributaria; por ejemplo, que paguen impuestos una sola vez al año, como se hace en Uruguay”.

También es necesario, dice, mejorar la estrategia de educación e inclusión financiera, en todo sentido; que la oferta de productos de crédito se ajuste a las necesidades de este nicho, reducir los costos para las entidades financieras y que estas puedan empaquetar esos microcréditos a la hora de acudir a las líneas de redescuento de Bancoldex y no hacerlo individual que sale más costoso.

Hoyos, de Asomicrofinanzas, agrega, por su parte, que se requiere apoyo del Ministerio de las TIC para que haya buena conectividad en esas regiones y que las entidades lleguen con productos sencillos, seguros, fáciles de entender y de manejar por parte de estas poblaciones.

Aunque Estrada coincide en esto, es partidario de que las entidades tengan oficinas físicas especiales, no robustas, que ofrezcan a esos microempresarios conectividad para que puedan utilizar y familiarizarse con los canales electrónicos, similar a como opera hoy en algunos países de Europa.